El entorno internacional, como bien sabemos, ha sido poco propicio para el crecimiento de nuestra economía y la mejora en las condiciones de vida de los que menos tienen. Por desgracia, las situaciones adversas suelen dañar mucho más a los que menos tienen y, de paso, recrudecer los círculos viciosos del atraso y la pobreza. Y si bien es cierto que nuestra economía dista mucho de ser la excepción a la regla de sujeción a los vaivenes y la incertidumbre de la economía internacional, igualmente cierto es que existen siempre áreas de oportunidad para mitigar y compensar los impactos negativos, a condición de mostrar entereza y confianza en las capacidades propias.
En el contexto descrito, cobra plena relevancia el paquete de compromisos signado recientemente por el sector vivienda, en el marco del Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Se trata, a entender propio, de un instrumento con pretensiones integrales y de indudable apertura al reconocimiento de la naturaleza multidimensional del sector vivienda. Aquí, además de su implicación como una de las principales y más sentidas causas sociales entre los sectores de más bajos ingresos, con todo lo que ello implica en materia de justicia y seguridad social, se parte del reconocimiento del enorme potencial que el sector de la vivienda tiene como palanca para el fortalecimiento del mercado interno y la reactivación de la economía en su conjunto.
Si alguna duda cabe sobre lo anterior, puede disiparse teniendo en cuenta que el sector representa cerca del 6% del PIB, cuyos alcances involucran 32 ramas y 78 clases de actividad económica, que actualmente dan lugar a casi tres millones de empleos. Si a ello se suma el hecho de que, contrario a lo que pasa en otras esferas de la economía nacional, la inversión en el rubro de la construcción residencial ha experimentado en los últimos dos años un crecimiento sostenido cercano a los 4.5 puntos porcentuales por año.
Así las cosas, existen enormes áreas de oportunidad para los diversos actores públicos y privados que inciden en este sector. Por ejemplo, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la SEDATU otorgará subsidios para 130 mil acciones de vivienda y la creación de un fondo de garantías que permitirá realizar 10 mil acciones de vivienda nueva; en abril, el INFONAVIT incrementará los montos máximos de los créditos; FOVISSSTE atenderá aproximadamente a 40 mil familias con esquemas de reestructura para liquidación de adeudos y preservación del patrimonio familiar, promoverá el segundo crédito para los trabajadores en activo y con el apoyo de la Sociedad Hipotecaria Federal por 12 mil millones de pesos asignará 30 mil créditos; el INSUS implementará un programa de condonación de cartera vencida por adeudos de escrituración por 410 millones de pesos, en beneficio de 18 mil familias, firmará convenios para escriturar más de 100 mil viviendas, en apego a los criterios establecidos en la Política Nacional del Suelo.
Por su parte, la industria de la construcción se compromete a mantener los ritmos de construcción, inversión y generación de empleo, lo que se traducirá en la construcción de cerca de 400 mil viviendas en 2017; y, por su parte, los desarrolladores de vivienda afiliados a CANADEVI continuarán con sus esfuerzos de construcción de vivienda para personas de bajos ingresos. Así, mediante la acción concertada de las empresas y las instituciones públicas del sector vivienda, se espera potencializar su efecto dinamizador y su contribución a los cerca de tres millones de empleos. En suma, el sector vivienda seguirá siendo el ejemplo palpable de que satisfacer causas nobles y promover el desarrollo económico no son actividades contrarias sino perfectamente compatibles.
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